La ex mandataria nacional y presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández Kirchner, confirmó su postulación para integrar la lista de legisladores provinciales en la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, el principal bastión del peronismo. Con este paso, busca fortalecer el armado bonaerense ante la fragmentación interna que atraviesa el espacio, al mismo tiempo que advierte sobre el riesgo de perder el distrito que durante décadas definió el poder electoral del justicialismo.

En la presentación, Kirchner destacó que su regreso al ruedo político no obedece a intereses personales sino al compromiso de “darle voz a los sectores más vulnerables” de la provincia, advirtiendo que el peronismo no puede concebirse dividido si aspira a revertir la tendencia electoral actual. A juicio de la dirigente, la tercera sección requiere de un liderazgo claro que articule a los intendentes, los sindicatos y las organizaciones sociales bajo un mismo proyecto.

La postulación se produce en un contexto de fuerte tensión con el gobernador Axel Kicillof, cuyos desdoblamientos electorales para la Ciudad de Buenos Aires primero y la provincia después, agudizaron las diferencias internas. Kirchner se mostró dispuesta a tender puentes, pero subrayó que cualquier estrategia debe partir de un diagnóstico compartido sobre los desafíos económicos y sociales que atraviesa la provincia, donde la inflación y la caída del poder adquisitivo golpean con fuerza a los trabajadores.

El llamado a la unidad peronista fue acompañado por diversos sectores del Partido Justicialista bonaerense, quienes interpretan la candidatura de Cristina como un intento de recomponer el bloque tras los malos resultados nacionales de 2023. Con su figura como imán electoral, confían en que podrán revertir las malas perspectivas en la tercera sección y así consolidar la base territorial de cara a octubre.

De confirmarse la lista, Kirchner competirá junto a referentes locales que incluyen a legisladores y jefes comunales de largo recorrido, bajo la promesa de “garantizar que los recursos vuelvan a reflejarse en obras y en protección social”.