La Corte Penal Internacional recibió una ampliación de denuncia contra el Estado argentino por parte del abogado Gregorio Dalbón, quien alertó sobre un “hostigamiento sistemático y coordinado” contra Cristina Fernández de Kirchner, a raíz de las versiones sobre una posible detención en el marco de la causa Vialidad, tras el fallo que ratificó su condena.

La presentación apunta a un patrón sostenido de persecución política y judicial, con fuerte intervención de medios de comunicación y sectores del poder real. Dalbón sostiene que se trata de un engranaje sofisticado cuyo objetivo final es “la encarcelación arbitraria” de la principal figura opositora, justo después de que confirmara su candidatura a diputada nacional por la Tercera Sección Electoral.

En el escrito, el letrado afirma que la amenaza no es una especulación jurídica abstracta, sino una “reacción del sistema de poder ante el resurgimiento electoral de una figura de enorme legitimidad popular”. Menciona al menos 12 causas penales iniciadas contra Cristina en forma simultánea, muchas sin sustento probatorio y con violaciones procesales graves, como la designación irregular de jueces, la manipulación de sorteos y la falta de imparcialidad manifiesta.

Dalbón pidió que el caso sea considerado en base al artículo 7 del Estatuto de Roma, que tipifica como crimen de lesa humanidad la persecución por motivos políticos cuando se enmarca en un ataque sistemático contra la población civil. También anticipó que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.